Tengo que reconocer que me he sorprendido de sobremanera hoy tras leer un caso en el que un usuario de una tarjeta de ING Direct que, tras defraudarle 2.000 euros alguien haciendo uso de su tarjeta en comercios físicos (quizá le copiaron la banda magnética), la entidad ha decidido no hacerse cargo del fraude y dejar que todo el peso del fraude quede en manos del usuario. Según ellos, la compra la ha realizado el usuario y les está intentando engañar, pero eso no es así y el usuario se esfuerza en demostrarlo.
Como sabéis, un usuario de una tarjeta de crédito, si establece todas las medidas de salvaguardia necesarias, es decir, si toma todas las precauciones y no actúa con dolo o negligencia, sólo responderá de los primeros 150 euros defraudados, el resto correrá a cargo de la entidad (para eso hacen ellos sus seguros, etcétera).
El problema, en este caso, es que han pensado que esta persona ha actuado con dolo y que les intenta engañar, para no tener que abonar este dinero (algo que no se entiende puesto que ya os digo, suelen tener seguros detrás que les cubren).
Bien, todo esto no hubiera pasado si nuestra tarjeta tuviera incorporado un seguro antifraude. Suelen estar en las tarjetas de pago, y en algunas gratuitas, pero cubriría, en todo caso, el importe defraudado. Además de que, lógicamente, no pondrían tantas trabas a esta situación.