La mayor reforma financiera aprobada en Estados Unidos desde la Gran Depresión tiene noticias positivas para los usuarios de tarjetas de crédito (o sea, para casi todos los estadounidenses): las nuevas normas protegerán a los consumidores de las hipotecas que no puedan afrontar, las comisiones de las tarjetas de crédito y otros productos financieros de riesgo.
La clave de la reforma es una mayor supervisión por parte del Gobierno -cosa que hasta el momento no había convencido a un país que siempre apostó por el no intervencionismo, hasta llegar, según algunos, a un liberalismo extremo-.
Y la tutela llega hasta el punto de vigilar las comisiones que las entidades financieras aplican a las tarjetas de crédito. Así, se creará una Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que será una agencia independiente aunque esté dentro de la Reserva Federal. Esta agencia se financiará con tarifas pagadas por los bancos, y fijará las reglas para reducir las prácticas turbias en los préstamos a los consumidores y las tarjetas de crédito.
Además, los legisladores quieren que la Reserva Federal restrinja las tarifas que los comercios minoristas pagan a los bancos por las ventas pagadas con sus tarjetas de débito. La Reserva Federal podría poner límites a esas tarifas y hacerlas más razonables.